Se profundiza la guerra del gobierno contra la CGT. Ahora la AFIP apunta contra Barrionuevo y Acuña


Una investigación iniciada por la AFIP avanza en la justicia federal contra varios sindicatos de referentes de la CGT, como Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Carlos Acuña, entre otros; ya fueron procesados 17 sospechosos y hay un prófugo. Es por el uso de facturas truchas.

Dos inmensas usinas de facturas apócrifas condujeron a la Justicia a investigar y allanar una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasión y por la cual ya fueron procesados 17 sospechosos y uno se encuentra prófugo, informó el diario La Nación hoy.

La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quilmes Luis Armella investigan, a partir de una denuncia de la AFIP , a dos amplias organizaciones delictivas dedicadas a emitir documentación apócrifa, un sistema que posibilitó la evasión de miles de contribuyentes. Con el cotejo de los CUIT falsos, entre los usuarios de esas facturas encontraron decenas de empresas y sindicatos de todo el país.

A fines del año pasado se multiplicaron los allanamientos en los sindicatos. Hubo operativos en al menos diez gremios, entre ellos, las entidades de los popes sindicales: el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (Soesgype) conducido por Carlos Acuña, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), de Luis Barrionuevo , y el Sindicato de Choferes de Camiones, que responde a Hugo Moyano .

De acuerdo con fuentes oficiales, el operativo para dar con la facturación apócrifa ya alcanzó también al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, el Sindicato de empleados del Corcho, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, entre otros.

Desde el juzgado de Armella señalaron que el siguiente paso de la investigación será determinar si la utilización de esas facturas truchas fue “dolosa o culposa” y si, además de evasión, se cometieron otras maniobras, como lavado de dinero. “Hay un patrón: son muchos los gremios que tenían esta documentación apócrifa, ahora hay que determinar quiénes fueron los responsables de la operación dentro de los gremios, si fue un acto doloso y culposo y si la documentación se utilizó, o no, con fines de lavado”, indicaron los investigadores.

Los gremios consultados por el diario La nación se despegaron de la maniobra y aseguraron que desconocían que las facturas eran truchas, ya que estaban avaladas por la AFIP. “En Uthgra detectaron una boleta de $120.000 pagada con una transferencia bancaria, trazable, mientras que en el Soesgype había facturas por el pago de micros que efectivamente fueron utilizados y por el uso de un hotel”, se defendieron los representantes legales de los gremios de Barrionuevo y Acuña. Y agregaron: “Si la factura no estaba en orden, no lo sabíamos, porque estaba convalidada por la AFIP”.

El juzgado de Quilmes procesó en las últimas semanas a 16 miembros de la banda de las facturas truchas y detuvo a doce personas con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Aún sigue prófugo el mandamás de la banda, Eber Russo, un monotributista que tiene más de 70 propiedades y una amplia flota de autos de lujo.

La causa fue bautizada “caso Guidoccio”, ya que comenzó con una investigación sobre la actividad del contador Ángel Guidoccio, un hombre del riñón de Daniel “Tano” Angelici: fue su estrecho colaborador en el club Boca Juniors y en la industria del juego. Guidoccio, sin embargo, siempre se despegó de esa operatoria y dijo que se trataba de una “confusión”. La Justicia ya lo separó del caso y se centró, en cambio, en quienes le alquilaban oficinas al contador. La maniobra incluía la creación de sociedades en manos de personas indigentes que “no contaban con la capacidad económica ni administrativa suficiente para llevar a cabo semejante volumen de operaciones” y que emitían facturación electrónica falsa para entregar a terceros, a los fines de que pudieran evadir impuestos.

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