POR EL CIERRE DEL “TAPÓN DE ALONSO”


El legislador Jorge Ocampos destacó la aprobación legislativa del proyecto
que impulsó junto a la legisladora Daniela Agostino, mediante el cual
expresan su beneplácito por la determinación tomada por la Procuradora de
la Nación, que dictaminó que la Corte Suprema de Justicia intervenga en el
litigio por las demandas presentadas por las provincias de Buenos Aires y
Río Negro contra La Pampa para que cierre el denominado Tapón de Alonso y
evite la salinización del Río Colorado y las consecuencias aguas abajo.

El Tapón de Alonso es un terraplén que impide que el agua que pasa por el
puente de Puelches, tome el cauce del río Curacó, recorra unos 120
kilómetros y llegue al Colorado. Actualmente, se encuentra abierto y
Buenos Aires y Río Negro piden que sea cerrado con urgencia.

Explicó Ocampos que este litigio comienza cuando el gobierno bonaerense
pide que La Pampa “proceda al cierre del ‘Tapón de Alonso’, para evitar la
contaminación ambiental del río Colorado y el perjuicio grave e
irreparable de los habitantes de la provincia de Buenos Aires que
aprovechan dicho recurso interjurisdiccional”.

Buenos Aires y Río Negro sostienen que la provincia de La Pampa, al
derivar caudales con alta salinidad no autorizados al río Colorado, viola
los principios de debida diligencia y buena fe al incumplir con el “Acta
Acuerdo” entre Buenos Aires, Río Negro y La Pampa, por la que se acordaron
las descargas de los ríos Desaguadero-Salado- Chadileuvú-Curacó en el río
Colorado, firmada el 28 de junio de 1985, y los compromisos asumidos en
consecuencia.

El legislador Jorge Ocampos advirtió que “el accionar de La Pampa afecta
también los derechos a vivir en un ambiente sano y equilibrado y acceder
al agua potable por parte de los consumidores y productores agrícolas de
la región, puesto que producirá indefectiblemente la llegada de aguas con
una elevada salinidad al río Colorado, alterando la calidad del agua del
río y produciendo su contaminación”.

Finalmente Ocampos y Agostino mencionaron que “en la parte resolutiva del
fallo, la Procuración General manifestó que la cuestión es competencia de
la Corte Suprema ya que se trata de un conflicto entre provincias”.

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