Politólogos rionegrinos se oponen al proyecto para crear el Colegio Profesional de Ciencia Política


Un grupo de politólogos docentes del Centro Regional Zona Atlántica de la Universidad del Comahue (CURZA) manifestaron esta mañana en la Legislatura su oposición al proyecto para crear el Colegio Profesional de Ciencia Política de la Provincia de Río Negro.
Los politólogos fueron recibidos por el secretario legislativo Daniel Ayala, a quien entregaron notas firmadas por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), por el Departamento de Estudios Políticos, el Centro de Estudios de análisis Político (CEAP) y el Centro de Estudiantes de la Universidad del Comahue, dirigidas al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, y a los legisladores, en las que plantean su oposición a la iniciativa.

El director del Departamento de Estudios Políticos del Centro Regional Zona Atlántica de la Universidad del Comahue y docente de la Facultad, Pedro Dall’Armellina, y los graduados de la carrera, docentes e investigadores Brian Richmond y Luciano Raggio explicaron los motivos por los cuales rechazan el proyecto.

Richmond aseguró que el proyecto está viciado de una falta de legitimidad de origen debido a la falta de consenso y de apertura del debate. “Esto representa una clara falta de quienes presentaron el proyecto, que se autodenominan politólogos autoconvocados, pero en ningún momento dan a conocer sus nombres”, señaló.

“Nosotros, como profesionales que trabajamos en la carrera de Ciencias Políticas, en ningún momento hemos sido anoticiados ni convocados a un debate previo a la presentación de este proyecto en la Legislatura -añadió-. Obtuvimos conocimiento de la iniciativa recién cuando ya había sido aprobado en la primera comisión, la de Educación, y al contactarnos con colegas politólogos de otras ciudades de la provincia nos manifestaron su desconocimiento. Éste es el primer argumento en contra de un proyecto que en sus fundamentos habla de la calidad democrática que los politólogos podemos aportar a las instituciones, sin embargo en este proyecto, claramente, esa calidad democrática hace agua porque la mayoría de los implicados no hemos sido consultados.”

El docente e investigador cuestionó que no fueron consultados “sobre un proyecto que pretende regular nuestra disciplina, obligarnos a matricularnos compulsivamente para ejercer en cualquiera de los ámbitos en los que la profesión de politólogos nos permite por incumbencias de título expedido por autoridad nacional”.

“Y acá ya entramos en un tema de inconstitucionalidad -advirtió-, porque si el título fue expedido por una autoridad nacional —lo que ya avala de por sí para ejercer la profesión en cualquier ámbito ya sea en la docencia, en la investigación, en alguna asesoría política, en una consultora, en ámbitos diplomáticos, o en cualquier otro ámbito de la ciencia política—, una provincia no podría arrogarse la responsabilidad de regular un título ya avalado por autoridad nacional y de obligar a matricular a sus profesionales.”

En el mismo sentido, Raggio agregó que “el artículo 126 de la Constitución Nacional expresa qué constituye una profesión liberal, por ende exigir determinada matrícula profesional para su ejercicio es competencia del gobierno federal y nunca de la provincia, entonces ahí es donde incurrimos en un problema ya más grave, ya que no nos pueden hacer matricular compulsivamente. En este sentido es muy clara la Constitución”.

“Por otro lado, gran parte de los recién graduados, o los que están por graduarse, que van en calidad de idóneos al sistema de educación media, que es una de las salidas laborales más inmediatas que tenemos los politólogos en el mediano plazo luego de recibirnos, estaríamos en una situación de desigualdad con respecto a cualquier otro profesional, porque nosotros deberíamos, por ejemplo, reunir determinado dinero para pagar la matrícula. Un psicólogo, si bien tiene su Colegio, se tiene que colegiar en tanto y en cuanto trabaje de psicólogo, haciendo terapia y demás. Nosotros nos deberíamos matricular para dar clases. Entonces, ante dos profesionales de universidades nacionales, el politólogo debería ahorrar dinero para insertarse en el sistema educativo, a diferencia de cualquier otro profesional”, explicó.

Dall’Armellina aseguró que este requisito “viola nuestro derecho como trabajador porque claramente estaríamos en desigualdad de condiciones, teniendo la misma competencia de título en desigualdad de condiciones con otra profesión”.

Según Richmond, otro punto preocupante es la “vigilancia ética” que el proyecto contempla. Explicó que “dentro de los organismos que conformarían el Colegio, propone un Tribunal de Ética que evaluaría y tendría la potestad de juzgar, sancionar, multar e inhabilitar a cualquier profesional que considere que viole un código deontológico redactado para la ocasión y que, lógicamente, no está exento de cometer arbitrariedades”.

Aclaró que “los politólogos no tienen responsabilidad civil como los médicos, los abogados o los ingenieros, profesiones que pueden ser de riesgo público. El proyecto señala que los politólogos somos garantes de la democratización en las instituciones. De ninguna manera un politólogo puede ser garante de eso, la democratización es algo mucho más profundo, que implica a muchos otros actores. Si en una institución hay falta de espacios democráticos, la responsabilidad no puede ser del politólogo, no puede ser juzgado éticamente, por eso, es insólito el argumento”.

Por otra parte, Raggio cuestionó que este Comité de Ética propuesto emanaría de una comisión organizadora que va a poner en funcionamiento el Colegio y sus integrantes serían seleccionados por el Poder Ejecutivo de una nómina conformada por este grupo de autoconvocados de nula representavidad del colectivo de los politólogos.

Por su parte, Dall’Armellina agregó cuestionamientos con respecto a “la vocación centralista del proyecto, porque pretende regular la actividad de la ciencia política a nivel provincial y tiene como centro provincial a Viedma y a un grupo de politólogos de Viedma. Si hay una vocación de extenderse hacia el resto de la provincia, debería considerar a través de qué mecanismos, para que politólogos que residan en tras partes puedan participar”.

Los politólogos proponen que se abra el debate, que el proyecto sea discutido. Sostienen que la Universidad y la carrera de Ciencias Políticas es un ámbito pertinente para discutirlo y llevar adelante un proyecto “que tenga una vocación mucho más participativa, pluralista, y que no tenga esa condición restrictiva que nosotros vemos con preocupación”.

Informaron que fueron contactados por Martín Dallessandro, presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), organización de reconocimiento internacional que nuclea a politólogos de todo el país, quien manifestó la oposición d ella institución con relación a los Colegios de politólogos porque consideran que atentan contra el buen desempeño de la disciplina, en vez de fomentarla y difundirla.

Para finalizar, aseguraron que “desde Bariloche a Viedma no hemos hablado con ningún politólogo que esté de acuerdo con este proyecto así como está redactado”.

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