La sede de ‘Madres de Plaza de Mayo’ también es territorio sagrado y la justicia no puede entrar


Así como a fines del año pasado la justicia federal no podía ingresar a los territorios sagrados mapuches de Esquel y Bariloche a realizar su trabajo de investigación, la justicia porteña tampoco pudo allanar la sede de las Madres de Plaza de Mayo por la estafa de “sueños compartidos”.

El juez de feria en lo comercial Javier Cosentino dispuso el allanamiento de esa casa, en el marco de la causa por la quiebra de la Fundación Madres que tuvo a su cargo el programa “Sueños compartidos”, originada en demandas de acreedores y a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 8.

Pero no es la primera vez que la justicia intenta allanar infructuosamente ese edificio. En julio de 2017, siempre en el marco de la causa por la quiebra de la Fundación, otro juez ordenó la clausura y desalojo de la sede de Hipólito Yrigoyen al 1500 pero la misma no se concretó porque allí funciona la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

La causa “Sueños compartidos” se inició en el año 2010 por la denuncia de dos diputadas, Maricel Etchecoin Moro y Elsa Quiroz, ante la UIF.

Se señalaba entonces que la empresa Antártica Argentina SA, propiedad de Sergio Schoklender, se usó como pantalla para desviar por lo menos 206 millones de pesos destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales. En la denuncia se indica que cheques cobrados al Estado por la Fundación de las Madres eran endosados a nombre de la empresa Antártica Argentina, y que luego el dinero era retirado por ventanilla en un banco de Villa Crespo.

La Fundación Madres de Plaza de Mayo realizaba construcción de viviendas sociales. Estas viviendas eran construidas por la empresa Meldorek S.A., propiedad  de Schoklender, quien habría utilizado los fondos para otros fines.

Luego de 3 años de inacción a cargo del ex juez Oyarbide, la causa pasó a manos de Martínez De Giorgi quien procesó a Hebe de Bonafini en mayo del año pasado, acusándola de partícipe necesaria del fraude al Estado.

Sueños compartidos era administrado por la Fundación Madres, quien, por ese ‘desliz’ económico empezó a descuidar otros emprendimientos que también administraba, entre ellos una universidad donde tenía a sus empleados en negro y sabiéndoles muchos sueldos atrasados.

Por tal motivo, la Justicia dictaminó en junio del año pasado la quiebra de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo. La medida se determinó por una demanda de un empleado despedido de esa fundación, que debía ser indemnizado por $ 123.678 y jamás cobró esa indemnización.

El juez Fernando Perillo determinó entonces en la causa la “insuficiencia de fondos” de la Fundación de Madres. Y ordenó la “constatación y eventual clausura de los inmuebles” en los que funciona la Fundación. Además ordenó la prohibición de salida del país de Hebe de Bonafini, al ser la presidenta del Consejo de Administración.

Desde ese entonces estaba pendiente el allanamiento al edificio para embargar bienes del mismo que paguen los gastos y costas del juicio perdido. Pero Hebe se negó sistemáticamente.

Bonafini, se atrincheró ayer en la sede del organismo y denunció el intento de “allanar ilegalmente en feria judicial la Casa de las Madres, sin notificación, lo que representa una violación de las garantías constitucionales”.

“Desde esta mañana, síndicos y abogados, un grupo de unas 12 personas intento allanar ilegalmente nuestra Casa pero no los dejamos entrar, porque no nos notificaron”, dijo la presidenta de Madres.

Bonafini acusó directamente al gobierno de Mauricio Macri de estar detrás del allanamiento. “Este Gobierno nos quiere arrodillar”, afirmó. “Tenemos que defender esto porque es del pueblo, es de todos los argentinos. Al único que no le pertenece es al Gobierno de Macri”, dijo.

Como bien dice el refrán, son todos buenos en la Casa de las Madres… pero el poncho, los $206 millones de sueños compartidos y la indemnización para el laburante despedido, no aparecen.

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