INSISTEN CON GARANTIZAR QUE NO SEA IMPOSIBLE EL LIBRE ACCESO A LAS RIBERAS


Los legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino, insistieron con la
necesidad de avanzar con la iniciativa que propone garantizar en el
territorio provincial, el libre acceso a las riberas de ríos y espejos
de agua de dominio público provincial.

El proyecto de los legisladores del bloque CC ARI Cambiemos, pretende
declárar de interés público la protección ambiental y el uso responsable
y racional de los recursos naturales dentro del espacio físico
colindante a todo curso de agua rionegrino, desde la línea de ribera
hasta los 35 metros contados desde esa base.

Ocampos explicó que “el artículo 124 de la Constitución Nacional define
con claridad que corresponde a las provincias el dominio originario de
los recursos naturales, entre ellos el agua, existentes en su
territorio”. Agregó que nuestra Constitución de Río Negro en su artículo
71 define que corresponden al dominio del Estado las aguas públicas
ubicadas en su jurisdicción y por otra parte, el artículo 73 asegura el
libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos,
mares y espejos de agua de dominio público”.

“El proyecto de ley que impulsamos desde nuestro bloque, busca avanzar
en el efectivo cumplimiento de la manda constitucional provincial de
libre acceso a las costas, especialmente a partir de la controversia que
surge por las modificaciones que sobre esta temática en particular se
aplican al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, mencionó el
legislador y dijo “entendemos que en este caso, respecto al libre acceso
a las costas, la Constitución provincial prevalece en la pirámide
jurídica por sobre la legislación nacional, que en esta instancia es el
nuevo Código citado”.

Ocampos consideró que “resulta preocupante que tal como está redactado
el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sólo los dueños de
terrenos colindantes con ríos públicos podrán acceder y gozar de sus
costas, esto atento a que no sólo se reduce de 35 a 15 metros esta
restricción al dominio, sino que suprime el carácter de ‘calle o camino
público’ de esa franja de terreno, lo que aniquila la posibilidad de
acceder al mismo por parte de los demás ciudadanos”.

Finalmente, Ocampos aseguró que “el rol del Estado provincial en este
caso debe ser resguardar, mediante la creación de normas necesarias y
precisas, el derecho de todos los habitantes de acceder a las costas de
los ríos, lagos y espejos de agua, fiscalizando y vigilando regularmente
la aplicación de las normas de fondo que tienen como meta el goce de
estos espacios públicos”.


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