El Ministro Martin se presentó espontáneamente ante la Justicia


El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Martin se presentó por decisión propia en el Ministerio Público Fiscal de Viedma, a fin de brindar información en la denuncia efectuada semanas atrás por legisladores del Frente para la Victoria.

El funcionario aportó documentación relacionada con la causa penal que se le iniciara por presuntas incompatibilidades entre su cargo dentro del Gabinete Provincial y su actividad privada.

Consultado sobre el trámite legal, Martin expresó que, luego de tomar conocimiento, y ante el estado público de la denuncia, “decidí presentarme espontáneamente y aportar documentación que echa por tierra esta acusación, que solo tiene un sustento político de aquellos que pretenden tener rédito con imputaciones infundadas, mientras nosotros seguimos gestionando para beneficio de los rionegrinos”.

“Lamentablemente se hace perder tiempo a la Justicia con temas que no tienen sentido, queriendo hacer política en tribunales y no donde la gente espera, que es en cada lugar de la provincia”, afirmó.

El funcionario aclaró más adelante: “Mucho tiempo antes de asumir como Ministro renuncie al cargo de Presidente de la firma a la que hacen referencia los parlamentarios, momento en el que cesó mi actividad privada, tal y como lo acredité al presentar copias certificadas de las actas donde consta dicha dimisión, así como la asunción en dicho lugar de uno de los socios de la empresa”.

“Jamás obtuve ningún beneficio del Estado. No lo obtuve antes de ingresar a la actividad pública y mucho menos luego de hacerlo”, aseveró y añadió: “Siempre informé sobre mi situación a los organismos correspondientes, actué con total honestidad y legalidad”.

“Claramente, mi conocimiento en la actividad es lo que llevó a que me designen en este cargo provincial, ya que es necesario saber de la actividad para poder dirigir un Ministerio. Resultaría ilógico pensar lo contrario”, sostuvo Martin.

Por último, el Ministro dejó abierta la posibilidad de accionar judicialmente contra aquellos que procedieron a la realización de la denuncia penal, una vez que se culmine el proceso.

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