BUSCAN PROTEGER LA SALUD Y EL AMBIENTE


Los legisladores del Bloque CC ARI-Cambiemos, Jorge Ocampos y Daniela
Agostino, pretenden modificar la ley mediante la cual se regula el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley M nº 3266), con el
objetivo de que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
establezca como obligatoria la audiencia pública.

Ocampos explicó que el artículo que se modifica específicamente es el
séptimo que fija que el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.

“El problema central es que actividades como la hidrocarburífera, por
ejemplo, generan riesgos, por ello la posición a adoptar ante estos
riesgos potenciales debe ser proactiva, se debe regular antes para
prevenir, para evitar, dado que cuando se produjeron daños a la salud y
a los bienes ambientales ya no hay retorno”, explicó el legislador
cipoleño.

Ocampos mencionó que “en nuestra provincia, rige por la Ley M Nº 3266
modificada por la Ley M Nº 3335, de enero y diciembre de 1999
respectivamente, que regulan el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental como instituto necesario para la conservación del ambiente en
todo el territorio de la provincia.

“En síntesis, con la legislación actual vigente en la Provincia de Río
Negro, las empresas que operan en nuestro territorio pueden emplear
métodos convencionales y no convencionales (fractura hidráulica o
fracking) de extracción de hidrocarburos donde y cuando quieran”,
sostuvo y agregó que “los impactos ambientales de la fractura hidráulica
especialmente en áreas de regadío son insoslayables y esta controversia
se ha visualizado en el Alto Valle, en el corazón de la fruticultura, en
la localidad de Allen vienen desarrollándose explotaciones
convencionales y no convencionales de hidrocarburos que han dado lugar a
múltiples denuncias de la comunidad por los impactos ambientales
ocasionados, entre ellas una que he realizado en el año 2015, pidiendo
la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación”.

Finalmente mencionó que en el año 2016 una resolución de dicha
Defensoría, instruye al gobierno provincial a instrumentar las
audiencias públicas en todas aquellas actividades que puedan generar
efectos negativos sobre el ambiente. Más contundente aún, el Defensor
expresa en su resolución que “a pesar de la obligatoriedad de realizar
audiencias públicas con carácter previo a comenzar a desarrollar
actividades potencialmente dañosas del ambiente, los proyectos de
explotación de hidrocarburos no convencionales no cuentan con dicho
requisito”.


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