Aclaran que la Delegada de ATE fue separada de su cargo por una orden judicial, acusada de maltrato


El Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro rechazó de plano las acusaciones realizadas por el gremio ATE respecto de supuesta persecución ideológica y gremial en la Delegación Zona Andina de esa cartera.

Se aclaró en tal sentido que la empleada a la cual el gremio hace referencia que no se le abonó su salario fue suspendida de las funciones laborales por la Justicia Provincial, en el marco de una causa por supuesto maltrato a un menor institucionalizado.

En tal sentido, desde el organismo provincial se descartaron las acusaciones del gremio sobre supuestas persecuciones, al tiempo que confirmó que la empleada en cuestión fue separada del cargo que ocupaba por disposición de la Justicia, y que al no estar cumpliendo con tarea alguna, no corresponde se le abone salario.

De esta manera queda expuesto que las acusaciones de ATE son carentes de sustento, y se enmarcan en la política llevada adelante por este gremio que apuesta al conflicto en forma permanente, tratando de generar un estado de zozobra en el ámbito laboral.

Sobre el caso puntual de la empleada (Delegada del gremio) que fue separada de su cargo, simplemente se ha cumplido una disposición judicial, que con fecha 7 de abril de 2016 ordenó la suspensión de la prestación laboral de esta mujer con carácter de medida cautelar. La cédula habla claramente del peligro que representa su continuidad en el trabajo para los niños que asisten al centro en el que ella prestaba funciones.

Cabe recordar que la investigación se inició por las actuaciones llevadas adelante desde el Ministerio a partir de la denuncia presentada por una familia solidaria que expuso el supuesto maltrato al que era sometido por esta mujer, una niña que en ese momento se encontraba institucionalizada.

Ante la gravedad del hecho se pusieron en marcha los mecanismos correspondientes y finalmente la Justicia la separó del cargo en forma preventiva.

Se remarcó en tal sentido que no hay persecuciones de ningún tipo, sino un Estado presente defendiendo a un ciudadano en situación de vulnerabilidad, en este caso un menor de edad, ante los supuestos maltratos de una empleada.

No obstante, ella o el gremio tienen el derecho de presentar los recursos en la sede judicial como corresponde.

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